En marzo de 1961, la Convención Única de Estupefacientes de la ONU fue firmada. Esta Convención obliga a todoos los estados miembros de la ONU a prohibir la producción y distribución de un número de sustancias psicoactivas consideradas peligrosas para la salud pública.
Del 21 al 25 de marzo, la Comisión de Estupefacientes de la ONU tendrá su 54a. sesión anual en Viena. Encod participará en esta reunión y presentará el siguiente mensaje a los delegados:
Las Naciones Unidas deberían empezar a diseñar una estrategia alternativa para controlar el fenómeno de las drogas. Una estrategia construída sobre experiencias locales y pruebas científicas, no en principios morales que son completamente desarticulados con la realidad. Como ciudadanos del mundo afectados y preocupados por el tema de las drogas en varias formas, exigimos a las Naciones Unidas a terminar esta guerra a comenzar a buscar alternativas efectivas y racionales.
Mientras que el tema de los SACD, sistemas alternativas de control de drogas no basados en la prohibición, ha sido discutido ya varias vbeces en el Informe Global de las Drogas, y ha sido mencionado por el anterior Director General, Mr. Costa, en discursos en su blog, este tema esencial jamás figura en la agenda del programa oficial de la Comisión de Estupefacientes.
Durante los últimos años, este mismo tema está siendo discutido más a menudo y más intensivamente en los medios de muchos países. En los EEU ha llegado a ser un tema de las elecciones del estado de California.
Esta tendencia continuará y para nosotros, está claro que será exitosa. Hace mucho tiempo que se necesita discutir el caracter de la regulación y sobre el valor de las Convenciones de Estupefacientes de la ONU.
Como ONG paneuropea, ENCOD tiene una gran responsabilidad. Opinamos que la falta de poner los SACD en la agenda es igual a la negligencia, - para ser preciso, la negligencia reprochable, puesto que el conocimiento actual sobre las consecuencias dañinas de la prohibición de drogas, y sobre la falta de resultados positivos.
Por el hecho de que los gobiernos de los estados miembros de la ONU probablemente permanecerán negligentes, es el deber de las ONGs de no permitir más retraso, e apuntar a la obligación moral de los estados para discutir la regulación de las drogas en esta reunión, y la necesidad política de preparar la inevitable transición a un sistema regulado para el control de las drogas.